En una decisión que ha sorprendido a muchos, el Gobierno venezolano ha dejado sin efecto una resolución que buscaba regular el servicio de delivery en el país. La medida, que había sido publicada en la Gaceta Oficial, imponía un impuesto sobre este servicio y requería que las empresas obtuvieran un permiso especial para operar.
La revocación de la resolución se produjo tras una reunión “cordial y fructífera” entre el Ministro de Comunicaciones y representantes del sector de delivery. Como resultado, se acordó avanzar en un plan de trabajo conjunto, lo que indica una disposición al diálogo y a la colaboración entre el gobierno y las empresas privadas.
La regulación original establecía un impuesto directo del 1% sobre el valor de la compra para el consumidor, lo que significaba que por cada $100 de pedidos, se debía pagar $1 adicional. Además, las empresas de delivery debían adquirir un permiso de Ipostel a un costo de 5 Petros, equivalentes a 300 dólares, una suma considerable que podría haber repercutido en los precios finales al consumidor.
La rápida reversión de esta política plantea preguntas sobre la planificación y la previsión del impacto de tales medidas. ¿Fue el resultado de una evaluación insuficiente o una respuesta a la presión del sector? Es crucial que las políticas futuras se formulen con una consideración cuidadosa de sus consecuencias económicas y sociales.
Este desarrollo es un recordatorio de la dinámica cambiante entre el gobierno y el sector privado en Venezuela.
