TikTok enfrenta posible prohibición en Estados Unidos: la Corte Suprema evalúa su futuro

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La popular aplicación de videos cortos, TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, podría ser prohibida en Estados Unidos a partir del 19 de enero de 2025, a menos que se venda a una entidad estadounidense. Esta medida surge de una ley promulgada en abril de 2024, respaldada por el Congreso y firmada por el presidente Joe Biden, que busca mitigar riesgos de seguridad nacional asociados con aplicaciones controladas por adversarios extranjeros.

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Debate en la Corte Suprema

El 10 de enero de 2025, la Corte Suprema de EE. UU. escuchó los argumentos de TikTok y del gobierno estadounidense. La mayoría de los jueces parecieron inclinarse a favor de mantener la ley, priorizando las preocupaciones de seguridad nacional sobre los argumentos de libertad de expresión presentados por TikTok y sus usuarios. Solo el juez Neil Gorsuch mostró una postura más crítica hacia la legislación, calificando la defensa del gobierno como «paternalista» y cuestionando por qué el Congreso no optó por advertencias obligatorias a los usuarios sobre posibles riesgos.

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Argumentos de seguridad nacional

La administración Biden sostiene que la propiedad china de TikTok podría permitir la difusión de propaganda, manipulación encubierta de la plataforma y la recopilación de datos de usuarios estadounidenses para espionaje o chantaje. Estas preocupaciones han llevado a la implementación de la ley que exige la venta de TikTok o su prohibición en el país.

Impacto en usuarios y empresas tecnológicas

Si la ley se mantiene, Apple y Google estarían obligados a eliminar TikTok de sus tiendas de aplicaciones, impidiendo nuevas descargas y actualizaciones. Aunque los usuarios actuales podrían seguir accediendo a la aplicación temporalmente, la falta de actualizaciones resultaría en una degradación gradual del servicio. Esta situación afectaría a más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos, incluyendo a creadores de contenido y pequeñas empresas que dependen de la plataforma para comunicarse e interactuar con sus comunidades en línea.

La Corte Suprema ha programado una sesión especial para emitir un fallo definitivo sobre la constitucionalidad de la ley antes del 19 de enero. Mientras tanto, TikTok y ByteDance continúan argumentando que la legislación viola los derechos de libertad de expresión y que las preocupaciones sobre la influencia extranjera son infundadas, enfatizando que TikTok Inc. es una empresa estadounidense constituida y con sede en California.

El desenlace de este caso podría sentar un precedente significativo en la relación entre la seguridad nacional y la libertad de expresión en la era digital, así como en la regulación de aplicaciones de origen extranjero en Estados Unidos.

TikTok enfrenta bloqueos en Venezuela en medio de tensiones políticas

En paralelo a los desafíos que TikTok enfrenta en Estados Unidos, la plataforma ha experimentado restricciones significativas en Venezuela. Entre el 7 y el 9 de enero de 2025, usuarios reportaron bloqueos de acceso a la aplicación durante las madrugadas, afectando a los principales proveedores de internet del país, como Cantv, Inter, NetUno y Movistar.

Estas interrupciones se producen en un contexto de creciente control sobre las plataformas en línea en Venezuela. El 30 de diciembre de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia impuso una multa de 10 millones de dólares a TikTok, alegando la falta de medidas para prevenir la difusión de contenidos peligrosos para menores. Además, se ordenó a la empresa establecer una oficina en el país para supervisar el cumplimiento de las normativas locales.

Asi mismo el gobierno de Nicolás Maduro ha expresado preocupaciones sobre los desafíos virales en TikTok, atribuyéndoles incidentes que han afectado a jóvenes venezolanos. Esta postura ha llevado a una mayor vigilancia y restricciones en el uso de la plataforma, en un país donde las redes sociales son una fuente crucial de información para la ciudadanía.

La combinación de bloqueos temporales y sanciones económicas refleja una tendencia hacia el aumento de las restricciones digitales en Venezuela, limitando el acceso de los ciudadanos a plataformas de comunicación y expresión en línea.

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